Soy estudiante graduanda de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Me voy a graduar con un excelente promedio y muchos puntos atractivos en mi resumé. Ya pagué los $1,000 del repaso para la reválida, que pienso tomar en septiembre. Tengo una buena oferta para comenzar a trabajar el 1 de octubre.
Con este cuadro, a muchas personas –algunas me lo dicen con admiración, otras con incredulidad y otras desilusionadas- les parece ilógico que apoye la huelga estudiantil, que tiene muchos reclamos válidos, y el más importante de éstos es la derogación de la Certificación 98 de la Junta de Síndicos de la UPR, que pretende que estudiantes que reciben ayuda económica (entiéndase, beca federal Pell) no puedan recibir también exenciones por mérito académico o talento ni otros incentivos económicos.
Estoy en mi último año en la UPR. Los/as estudiantes graduados/as no recibimos beca Pell (aunque sí hay una ayuda económica de $1,000 llamada beca legislativa que, desde antes de la Certificación 98, se le niega a quienes reciben exención de matrícula por ser ayudantes de cátedra e investigación). Los estudios en Derecho que me podrían interesar realizar luego de obtener mi Juris Doctor no se ofrecen en Puerto Rico. ¿Por qué apoyo la huelga si, después de todo, no me afectarán los recortes propuestos y no me voy a beneficiar directamente de los acuerdos que se logren?
Mis compañeros y compañeras en esta lucha enfatizan en que hay que pensar en el colectivo antes que en los planes individuales de cada cual. Aunque creo en esa idea, mi razón para apoyar la huelga es muy individual.
En 1996, luego de que mi papá murió de cáncer del pulmón (¡no fumen!), teníamos miles de dólares en deudas por el año en que estuvo en tratamiento. Mi mamá tomó varios préstamos para poder pagarlas, intentando salvar el crédito perfecto que había tenido hasta entonces. Tocó muchísimas puertas para conseguir un trabajo como maestra en una institución privada, donde sólo le pagaban $1,000 mensuales. Obviamente, sus gastos sobrepasaban sus ingresos, por lo que tuvo que irse a quiebra, no a una quiebra en la que te perdonan todo sino a un capítulo (tipo) en el que te hacen un plan de pago. A pesar de esto, pagó el colegio en el que yo estudiaba hasta 1999, cuando decidí cambiarme a una escuela pública. Mientras, yo, desde los 12 años, trabajé todos los veranos en campamentos y programas similares para que mis gastos personales no afectaran más las finanzas del hogar. Mi hermano, con sólo 17 años, consiguió un trabajo a tiempo completo con el propósito de ayudar económicamente a mi mamá, pero embarazó a su novia y tuvo que dedicar su sueldo a su hijo.
Unos años después, mi mamá consiguió trabajo como maestra bibliotecaria en una escuela pública, por lo que su sueldo aumentó a $1,700 mensuales (es una vergüenza que se le pague tan poco a quienes le brindan el conocimiento básico a gran parte de la población). En el 2003, le exigieron completar un certificado posgraduado en Bibliotecología para mantener su puesto, por lo que, ese año, ella y yo cursamos nuestro primer año de estudios en la UPR, Recinto de Río Piedras.
Ese primer año, no tuve que pagar matrícula, porque me la pagó una beca de una fundación privada, que me gané estando en escuela superior. Asimismo, por los bajos ingresos de mi hogar, recibí la beca Pell completa y cualifiqué para el programa de estudio y trabajo, que es subsidiado con los mismos fondos de las becas Pell, a través del cual fui asistente de cátedra en la Escuela de Comunicación, donde estudié mi primera concentración. Trabajar dentro de la Universidad me permitió involucrarme en actividades extracurriculares, que enriquecieron mi desempeño académico.
Mi mamá y yo terminamos nuestro primer año en la UPR con promedios de 4.00, por lo que cualificamos para exención de matrícula de honor, que mi mamá tuvo en su segundo y último año de certificado y yo mantuve en mis restantes tres años de Bachillerato. Aunque el ingreso de mi casa nunca aumentó y se anunció que habían conseguido más dinero para becas Pell, cada año me redujeron más la beca y no me volvieron a otorgar estudio y trabajo, por lo que trabajé a tiempo parcial fuera de la Universidad para cubrir mis gastos. No desperdicié tiempo ni fondos; me gradué Summa Cum Laude, en cuatro años, con dos concentraciones y un certificado del Programa de Estudios de Honor.
A pesar de que no pagué hospedaje y vivo bastante cerca de la Universidad, en Santurce, todo el dinero de beca Pell que recibí y todos los sueldos que gané en mis trabajos los gasté en libros, copias, equipo audiovisual y otros materiales para mis clases, celular, gasolina, comida y pago del último año de la hipoteca de mi casa. En mi tercer año de Bachillerato, competí por ocho becas privadas, que me permitieron hacer un intercambio de un semestre en España. El semestre antes del viaje, tuve tres trabajos, uno de ellos a jornal en Presidencia de la UPR, para poder comprar las maletas y la ropa de frío.
Si no hubiera tenido el alivio económico de la exención de matrícula combinada con la beca Pell, no hubiera podido estudiar para mantener mis notas y realizar todas las actividades extracurriculares que me sirvieron para ganar las becas privadas de excelencia académica y servicio a la comunidad que recibí para completar mi presupuesto ni hubiera obtenido toda la experiencia que me ha ayudado en mi desempeño profesional y como estudiante graduada.
Como estudiante de Derecho, pagué la matrícula de mi primer año con la beca legislativa y otras dos becas privadas. Un trabajo a tiempo parcial no era suficiente para cubrir mis demás gastos, por lo que tuve que tomar préstamos. Había evitado esta alternativa anteriormente, porque para una persona de clase trabajadora no es tan fácil repagar los préstamos y ya había tenido la experiencia de la quiebra de mi mamá, que tiene el efecto de que te traten como si no existieras. Los otros dos años de Derecho, he participado en el Programa de Experiencias Académicas y Formativas (PEAF) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), que dirigía Ana Guadalupe antes de ser colocada como rectora interina. El PEAF brinda exención de matrícula y un estipendio mensual de $800 a estudiantes graduados/as que trabajan como ayudantes de investigación y en tareas similares en la Universidad.
Sin todas esas ayudas e incentivos económicos, no hubiera ni soñado ser abogada. Ahora estoy muy cerca de alcanzarlo, pero, no podría hacerlo sabiendo que le quieren arrebatar las oportunidades que yo tuve a miles de estudiantes que tienen los mismos problemas de recursos que yo y las mismas metas que yo. No podría ser tan malagradecida luego de haber aprovechado la educación de calidad que el Pueblo de Puerto Rico me ha subvencionado. No podría invocar el Derecho viendo cómo le violan los derechos a mis compañeros y compañeras sólo por oponerse a pagar una crisis fiscal que no causaron ellos/as, sino la mala administración de quienes están y han estado en posiciones de poder. No podría trabajar en un tribunal de justicia y dejar que esta injusticia ocurra sin hacer nada.
Por eso, cuando la presidente de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, declara a la prensa que espera que “se den cuenta de que esto es una huelga irracional”, deseo que se atreva a decírmelo a la cara; a mí y a todos los estudiantes y todas las estudiantes que, como yo, han encontrado en la Universidad de Puerto Rico y en estas ayudas económicas su mejor, y tal vez única, opción para educarse, aspirar a sacar a sus familias de la pobreza y ser útiles a su sociedad. Que me mire a los ojos y me diga que esta lucha es irracional. A mí me sobran las razones.
El ABC del derecho a la vivienda (Jesmir Santana)
Hace 2 años.
